¿Por qué son inconstitucionales las retenciones migratorias?
Las retenciones migratorias, presentadas mediante el Formulario I-247, son solicitudes formales de ICE para que las autoridades locales detengan a presuntos inmigrantes.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usa las retenciones migratorias para localizar, detener e identificar a personas que considera sujetas a un proceso de deportación.
En concreto, una retención migratoria es una solicitud formal por escrito, presentada mediante el Formulario I-247, que ICE envía a una agencia del orden público local o estatal.
Pide al departamento local que avise a ICE antes de liberar de custodia a una persona que podría ser un inmigrante sujeto a deportación. [i]
Las solicitudes de retención de ICE se envían después de que un inmigrante ha sido arrestado y encarcelado.
Por lo general, las agencias locales del orden público avisan a ICE que tienen bajo custodia a una persona que podría ser inmigrante. Luego, ICE emite la solicitud de retención.[ii]
La solicitud pide a la agencia del orden público local o estatal que mantenga detenido al presunto inmigrante hasta 48 horas después de la fecha programada para su liberación, sin contar fines de semana ni días festivos. Esto permite trasladar a la persona a custodia federal.
Esto le da a ICE el tiempo que considera suficiente para determinar si la persona es un inmigrante sujeto a un proceso de deportación. [iii]
Desde 1950, ICE y la agencia que existía antes, el INS, han usado solicitudes de retención para tomar bajo custodia a inmigrantes, investigarlos y determinar si están sujetos a un proceso de deportación.[iv]
Sin embargo, en años recientes se ha cuestionado y criticado por muchas razones la constitucionalidad de estas solicitudes de retención.
Las solicitudes de retención de ICE violan la Cuarta Enmienda
Las solicitudes de retención de ICE plantean varios problemas constitucionales.
En primer lugar, las retenciones de ICE violan el derecho que la Cuarta Enmienda protege contra registros y detenciones ilegales.
La Cuarta Enmienda establece que “no se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias contra registros y detenciones irrazonables. Tampoco se emitirán órdenes judiciales sin causa probable, respaldada por juramento o declaración solemne, y sin describir en particular el lugar que se registrará y las personas o cosas que serán detenidas”.[v]
La Cuarta Enmienda protege a las personas contra registros y detenciones sin justificación. Por eso, detener a alguien únicamente por una solicitud de retención, en lugar de una orden judicial, es inconstitucional.
Las retenciones de ICE son detenciones irrazonables porque no son órdenes del gobierno federal dirigidas a las autoridades estatales. Son solo solicitudes.
Las autoridades locales pueden decidir si cumplen la solicitud y no están obligadas a detener a una persona debido a una retención migratoria. Por eso, hacer cumplir una retención migratoria viola la Cuarta Enmienda.
Las solicitudes de retención de ICE no son órdenes judiciales
Una solicitud de retención de ICE no equivale a una orden judicial ni cuenta con la aprobación de un juez.
Cuando se emite una retención, todavía no se ha tomado una decisión sobre el estatus migratorio de la persona.[vi]
Además, las solicitudes de retención de ICE no se basan en una causa probable de que la persona pueda ser deportada. Si existiera esa causa, podría servir de fundamento para una orden judicial que permitiera a las agencias del orden público estatales y locales mantener detenida a la persona.
Por último, los tribunales han determinado de forma constante que las retenciones de ICE son simples solicitudes y no son obligatorias.[vii]
Por lo tanto, las agencias estatales del orden público que mantienen detenida a una persona debido a una retención de ICE actúan sin autoridad legal y violan los derechos protegidos por la Cuarta Enmienda.
Es importante aclarar que las retenciones de ICE no eliminan la autoridad legal de las agencias del orden público estatales y locales para mantener a una persona bajo custodia mientras cumple su condena penal.
La detención solo se vuelve inconstitucional cuando la agencia mantiene detenido a un presunto inmigrante sujeto a deportación después de que termina el proceso penal.
Los tribunales simplemente han concluido que es inconstitucional mantener detenida a una persona únicamente debido a una retención de ICE.
Las solicitudes de retención de ICE violan la Décima Enmienda
Además, la Décima Enmienda impide expresamente que el gobierno federal imponga leyes o reglamentos cuya aplicación exija usar los recursos de los estados.[viii]
La retención de ICE es una herramienta de las agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración. Como su aplicación depende de las instalaciones de las agencias del orden público estatales y locales, está claro que esa exigencia también viola la Décima Enmienda.
En definitiva, esto significa que el gobierno federal no puede convertir esas retenciones en algo más que una simple solicitud. Por lo tanto, las agencias locales y estatales deciden si las cumplen.
Toda declaración del gobierno federal que indique que las agencias locales del orden público deben hacer cumplir las retenciones de ICE viola las protecciones constitucionales de la Décima Enmienda.
Conclusión
Las retenciones migratorias, también conocidas como retenciones de ICE, son claramente solicitudes.
No son obligatorias y, debido a la Décima Enmienda de la Constitución, no pueden convertirse en obligatorias.
Como son simples solicitudes, mantener detenida a una persona por una retención de ICE después de que termine su condena penal es un acto inconstitucional según la Cuarta Enmienda.
Fuentes
[i]Véase, por ejemplo, U.S. Dep’t of Homeland Security, Immigration Detainer—Notice of Action, DHS Form I-247 (12/12), disponible en http://www.ice.gov/doclib/secure-communities/pdf/immigration-detainer-form.pdf.
[ii] 8 C.F.R. §287.7(a).
[iii]Supra nota i.
[iv]Véase en general Carrie L. Arnold, Racial Profiling in Immigration Enforcement: State and Local Agreements to Enforce Federal Immigration Law, 49 ARIZ. L. REV. 113, 127-29 (2007); CRS Report R42057, Interior Immigration Enforcement: Programs Targeting Criminal Aliens, por Marc R. Rosenblum y William A. Kandel.
[v] Constitución de EE. UU., enmienda IV, § 1.
[vi] https://www.aclu.org/news/aclu-mn-warns-minnesota-county-sheriffs-immigration-detainers-are-unconstitutional
[vii] Miranda-Olivares v. Clackamas County, 2014 U.S. Dist. LEXIS 50340, (2014).
[viii] Constitución de EE. UU., enmienda X.
About the author

Socio
James es socio de Tingen Law y se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond. Está autorizado para ejercer en Virginia y en el Distrito Este de Virginia. Se enfoca en inmigración familiar y guía a cónyuges y padres durante las peticiones, el proceso consular y el ajuste de estatus. Su enfoque es minucioso y orientado a resolver problemas.
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